Una monarquía del Siglo XXI

Si Felipe VI quiere ser un monarca querido y respetado por los españoles, tendrá que ganárselo. No pongo en duda el hecho sucesorio contemplado en la Constitución, pero sí albergo algunas sobre el devenir de los próximos diez años si no se adoptan algunas medidas que, sin duda, deben ser prioritarias en su reinado.

En primer lugar, hay que reformar la Constitución para derogar la actual línea sucesoria, machista hasta la médula (aunque comprensible cuando se tomó), para dejar paso a la igualdad de género que demanda una sociedad europea del siglo XXI. Dicho esto, hay que mantener el asentimiento del Parlamento para que no se deslice ninguna barbaridad.

En segundo lugar, en un Estado laico es insostenible la relación pública de la Monarquía con la Iglesia católica, trufada de ceremonias supuestamente civiles en las que nada pinta. Esto es extensible a todos los estamentos estatales, niveles administrativos y, por supuesto, militares. Por ello y pareciéndome perfecto que el Rey sea el jefe del ejército y, que por tanto, presida actos militares y reciba honores como cualquier jefe de estado, no me parece nada bien que en dichos actos, la Iglesia ocupe un lugar preeminente, y las ceremonias religiosas se mezclen con las civiles y militares. Estado laico ya, empezando por la Monarquía, siguiendo por el ejército y terminando con tanto político en procesiones y romerías varias.

En tercer lugar, la transparencia y la austeridad como norma básica y elemental de conducta. Pública y privada. La asignación a la Casa Real está consignada en los presupuestos del Estado, y no debe entrar ni un céntimo más por actividades privadas, regalos interesados y negocios lucrativos. La vida de los monarcas debe ser ejemplar en lo público y en lo privado, por lo que debe ser austera y no mostrar a la ciudadanía imágenes que chirrían a la opinión pública cuando contempla el lujo y el boato que, en demasiadas ocasiones, nos muestran sin rubor.

Por fin, cese inmediato de la inmunidad judicial. Como toda la ciudadanía de a pie, la Casa Real no puede tener inmunidad y, por tanto, impunidad judicial, es decir, que la infanta Cristina no responda por sus actos en el caso Noos. Si un miembro de la Casa Real comete un delito, debe ser juzgado y, llegado el caso, condenado como todo hijo de vecino. Otra cosa parecería más razonable, o sea, un determinado aforamiento como el de los parlamentarios, que fue pensado para proteger a aquellos que pudieran ser objeto de acoso judicial por sus opiniones o posiciones políticas, como de hecho ya ocurrido en el caso de los “ERES” de Andalucía. Un aforado es encausado por el Supremo, pero encausado al fin y al cabo.

La Monarquía debe encarnar la representación del Estado, el arbitraje ante los conflictos sociales, económicos y políticos, la unidad de todos los españoles de todos los diversos lugares de España, la jefatura del ejército sin rémoras del pasado y la continuidad del sistema democrático en el tiempo, lo que en un país en el que no hay ni un político que piense en algo más allá de las próximas elecciones, no es cosa baladí. Veremos.

Coria del Río, 12 de junio de 2014

César S. Fernández López